¿Mujeres inmigrantes o mujeres invisibles en un estado proxeneta?

Ponencia en el seminario“Las mujeres, protagonistas de la inmigración latinoamericana en España”, celebrado en la Casa de América (Madrid) los días 29 y 30 de mayo de 2006, en el marco del proyecto Madrid entre dos Orillas, de la Iniciativa EQUAL del Fondo Social Europeo.

www.entredosorillas.org

EXCLUSIÓN Y VIOLENCIA DE GÉNERO

MUJERES INMIGRANTES: MUJERES INVISIBLES EN UN ¿ESTADO PROXENETA?

Cristina Civale

Escritora y periodista argentina, autora de estudios sobre exclusión, violencia e inmigración (www.cristinacivale.net)

Las sociedades latinoamericanas se caracterizan por muchas cosas, algunas nos dan orgullo; otras no. Son sociedades patriarcales y machistas donde la mujer –de cualquier condición social- es en principio juzgada por el simple hecho de ser mujer y donde sus oportunidades laborales y sus derechos conseguidos tienen que fatigar mucho para llevarse a la práctica.

La mujer inmigrante proveniente de Latinoamérica, las mujeres pobres o de clases medias decadentes, están siendo excluidas del sistema económico. América Latina va a la cabeza en el mundo de la feminización de la pobreza. La inmigración es una consecuencia de la expulsión que les imponen sus estados de origen y esta situación genera un segundo grado de exclusión con la llegada al país donde han elegido emigrar ya que, en el 90 por ciento de los casos, no cuentan con papeles. La exclusión que ya empezó antes de que pusieran el pie en el avión con- tinúa más allá del océano. O sea, aquí, de este lado del océano. No pertenecen a países de la Comunidad Europea o no tienen dinero para pagarse un matrimonio por conveniencia, una de las maneras más veloces y caras para acceder a la legalidad. La llamada Ley de Extranjería y su regulación son la barrera de hierro que deben sortear estas mujeres que dejan hijos, familia y deudas para poder sobrevivir malamente y darle a su progenie, al menos, la ilusión de un futu- ro más promisorio.

Sin embargo, la exclusión incluye a todas las mujeres inmigrantes, aún a las que cuentan con papeles que garantizan su permanencia legal. Basta preguntarle a una colombiana arraigada y con papeles cómo es tratada por un taxista cuando le escuchan el acento y se dan cuenta que no es turista o preguntarle a una argentina fashion cómo la trata el peluquero español o la cajera del supermercado. La exclusión aquí velada y hasta casi pintoresca ante lo que voy a relatar a continuación también existe y se relaciona con un hábito vergonzoso de los países europeos: el racismo, que si bien no abarca a todo el conjunto de la sociedad y se manifiesta en distintos grados, es una realidad ineludible con la que las inmigrantes deben convivir día a día. Cuando hablamos de exclusión, no podemos dejar de señalar el componente racista arrai- gado en grandes sectores de la sociedad española. El racismo sucede en la vida cotidiana y no alcanza con una ley que censure la discriminación racial. El racismo no puede derrotarse por decreto. Hay que recuperar el estado de indignación que semejante ignominia provoca: en las latinas, en las africanas, en las chinas, en las gitanas, en las otras. La exclusión, paradójica- mente, nos incluye a todas las mujeres extranjeras.

Nadie va preso por gritarle a un boliviano “bolita” de un modo despectivo o por reírse de la altu- ra de una ecuatoriana o por la voluptuosidad de una portorriqueña o por el color de la piel de una cubana. Se criminaliza una vez más al diferente, no al que vocifera la indiferencia y humilla y en su acto de vociferar y humillar comete una injusticia. La diferencia y la intolerancia se cuelan con la astucia de los reptiles en todos los estamentos sociales. En las oficinas, en las calles, en el metro, en los bares, en las plazas, en los sitios de recreación, tras los muros de las casas: como un pulpo lo abarca todo.

La exclusión social y la pobreza siguen afectando a un gran número de ciudadanos extranjeros, expresa el informe 2006 de la ONG SOS Racismo, “que se convierten en potenciales usuarios de servicios sociales, cuyas intervenciones deben adaptarse a esta realidad y particularizar las cau- sas y las consecuencias de la exclusión social en este núcleo de población”.

SOS Racismo destaca, entre otros, el siguiente caso:

GUIPUZKOA (PAÍS VASCO). Agosto, 2005. SOS Racismo denuncia la desatención médica a una mujer inmigrante que se suicidó delante de un hospital. La paciente, que días antes había sido atendida en urgencias generales y dada de alta, llegó a la unidad de psiquiatría del Hospital Donosita acompañada por la ertzaintza, derivada del hospital de Mendaro, después de haber intentado quitarse la vida dos veces. El servicio médico de la unidad de psiquiatría no encontró razones para mantenerla ingresada y le dieron el alta; pocos minutos más tarde se suicidó a pocos metros del centro hospitalario. SOS Racismo consideró que podría haber una grave negligencia médica y exigió una investigación sobre las circunstancias de los hechos, a la vez que formulaba una queja ante el Defensor del Pueblo vasco (Ararteko) y se personaba en el pro- cedimiento judicial como acusación particular. La organización destacó que los ciudadanos de origen inmigrante y en situación de exclusión social tienen, a consecuencia de ello, problemas sanitarios propios que deben ser abordados adecuadamente, además de requerir más media- dores culturales en las consultas médicas”.

Pero sigamos.

La situación de clandestinidad es otro hito de la exclusión. Es el gran hito y se expresa doble- mente: porque abarca tanto la vida social como el ámbito jurídico.

Las mujeres sin papeles, las llamadas clandestinas, a pesar de que la Declaración Universal de los Derechos Humanos que suscribió España sostiene en su artículo 13 que “toda persona tiene dere- cho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado”; estas mujeres, decía, son las que sufren la mayor exclusión por esta falta administrativa. No tener documentos no es un delito, es sólo una falta administrativa y no me voy a cansar de repetirlo aunque suene machacón cada vez que considere necesario, porque la tendencia a criminalizar al clandestino es una procedimiento arraigado en el territorio español, está casi naturalizado.

El abuso de las clandestinas es muy poderoso y se da no sólo en los ámbitos de la vida cotidiana, donde emerge una vez más lo peor del racismo de parte de la sociedad, sino también en el plano jurídico, aquel que le atañe al Estado, el que debe velar por el cumplimiento de los derechos de todos los que habitan en su suelo, sean del origen que fueren, más allá del credo que practiquen, del color de su piel, y una vez más, de su situación administrativa y se da

precisamente a través de las normativas que rigen la actual Ley de extranjería: el camino de ingreso para todas las for- mas de exclusión.

Las mujeres inmigrantes trabajadoras domésticas padecen fuertemente este proceso de exclu- sión. Trabajos pactados a través de contratos orales, sin horarios, que exceden sus funciones, que abarcan desde la colada hasta la educación de los hijos, de los hijos de los otros, enfren-

tándolas a la paradoja de estar junto a unos niños extraños ganando dinero para sus propios hijos, que en el 70 por ciento de los casos viven todavía en sus países de origen, a los que ellas envían dinero criándoles los hijos a los otros y no pudiendo ver, muchas veces por años, a los que han parido. Este trabajo indica exclusión e indica violencia. Estas mujeres ponen el cuer- po, su cuerpo, para el servicio de los otros sin límites de tiempo y sin reglamentaciones. La necesidad que las lleva a la clandestinidad, propiciada por la ley, viola sus derechos humanos. Porque cuando hablamos de exclusión y violencia estamos hablando de violación a los dere- chos humanos y no de otra cosa.

Y cuando a las trabajadoras domésticas les dan papeles, las familias que las contratan suelen esclavizarlas. A cambio de la legalidad tienen que estar disponibles 24 horas sobre 24 y no tienen otra vida más que la vida de la familia que la legalizó o: ¿compró?

Estoy cansada de ver familias bienpensantes que se trajeron a su “paraguaya” o a su “ecuatoria- na” para aliviar los trabajos de la casa, pero que a cambio de papeles, esclavizan a la trabajadora en cuestión.

Es muy chocante entrar a cualquier locutorio de cualquier barrio de Madrid, Barcelona o Bilbao, por citar las tres ciudades con mayor concentración de inmigrantes, y escuchar el diálogo con su hijo de una mujer inmigrante dedicada al trabajo doméstico: hablan rápido para gastar poco, pre- guntan por la escuela, por los avances en los estudios, por la salud, les hablan del Western Union al que le giraron la plata de ese mes y nada más: cortan pronto. No salen enseguida de la cabina. Siempre hay un momento de recogimiento. Pocas lloran, se tragan en silencio el pudor de su dolor y, luego de un momento, salen y vuelven a la casa donde está la colada esperándolas junto a los hijos ajenos.

Pero sigamos.

Al menos para los que estamos en este recinto no es un dato novedoso el que indica que la pri- mera causa de muerte en las mujeres europeas de entre 18 y 49 años es la violencia doméstica perpetrada por hombres que dicen amar a las mujeres que asesinan. En América Latina la prime- ra causa de muerte en las mujeres es el hambre. Cuando cruzan el charco, logran comer pero se encuentran con el cuchillo, el puño o el arma de fuego de su agresor.

En los últimos años, el Estado español ha venido ignorando para el colectivo de mujeres en gene- ral – españolas y no españolas- esta situación escandalosa. Las mujeres muertas en manos de sus parejas o ex parejas han superado a los asesinados por ETA.

De las 55 mujeres asesinadas (hasta el 15 de noviembre de 2005), según datos ofrecidos por los medios de comunicación, más del 30 por ciento eran extranjeras. Las inmigrantes indocumenta- das víctimas de violencia son invisibles para la administración porque no existen datos, sobre la situación administrativa de las asesinadas, de cuantas inmigrantes indocumentadas han presen- tado denuncia, si han recibido orden de protección o han obtenido una sentencia favorable. Según el Consejo General del Poder Judicial (estadísticas de octubre del 2005), el 24 por ciento de las órdenes de protección solicitadas son denegadas.

En 2006, hasta el 9 de mayo habían muerto, según fuentes de la Red Feminista, 41 mujeres, prác- ticamente 10 por mes. El 30 por ciento son inmigrantes.

 

La violencia contra las mujeres es una violación de derechos humanos especialmente grave, ya que menoscaba e incluso anula el goce y ejercicio del conjunto de sus derechos y libertades fun- damentales. Pese a constituir uno de los abusos más extendidos en el mundo, la voluntad políti- ca de los Estados de combatir la violencia de género y brindar protección efectiva a las mujeres dista mucho de ser una realidad.

Con todo, España se ha despegado en estos últimos años del desapego por parte de gobiernos anteriores en lo que se refiere a este asunto preocupante. La Ley Orgánica de Medidas de Pro- tección Integral contra la Violencia de Género que entró en vigor en enero de 2005, y fue publi- cada el 29 de diciembre en el BOE, es el primer paso por parte del Estado español en la dirección correcta. Sin embargo, es preocupante la persistencia de distinciones arbitrarias contra los dere- chos de las mujeres inmigrantes indocumentadas víctimas de violencia de género, incluyendo algunas medidas recientes que contribuyen a agravar su situación de invisibilidad, desprotección y vulnerabilidad.

La obligación de los Estados de corregir de modo inmediato y sin dilaciones las políticas, leyes o prácticas que constituyen o acarrean discriminación, está contenida en diversos instrumentos internacionales de derechos humanos y ha sido desarrollada a través de sus diferentes mecanis- mos. Sostener un trato discriminatorio, basado en la situación administrativa de la mujer víctima de violencia de género, es inadmisible.

Esta discriminación se hace palpable en relación al acceso a medios en materia de protección, asistencia y rehabilitación establecidos por la ley. Desde esta misma situación de discriminación se expone a las inmigrantes indocumentadas a procedimientos que pueden afectar a su decisión de buscar protección, con el consiguiente menoscabo de su derecho a acceder a la justicia. Los mecanismos que garanticen su vida y su seguridad personal no son compatibles con el principio de no discriminación en la protección de los derechos de las mujeres ante la violencia de género.

La Ley integral contempla esta situación, pone de manifiesto la protección de las mujeres más allá de donde vengan y más allá de su situación administrativa, pero no se avanza todavía. La ley para las inmigrantes indocumentadas es un acto retórico de buenas intenciones que no se cumplen.

El artículo 17.1 sobre Garantía de los Derechos de las Víctimas expresamente dispone que “todas las mujeres víctimas de violencia de género, con independencia de su origen, religión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, tienen garantizados los derechos reconocidos en esta Ley”. El artículo 30.2. de la citada ley, a su vez, establece que “en las actuaciones previstas en este artículo se considerará de forma especial la situación de las mujeres que, por sus circuns- tancias personales y sociales, puedan tener mayor riesgo de sufrir la violencia de género o mayo- res dificultades para acceder a los servicios previstos en esta Ley, tales como las pertenecientes a minorías, las inmigrantes, las que se encuentran en situación de exclusión social o las mujeres con discapacidad.”

Ambos artículos guardan relación con el principio de no discriminación en la protección de los derechos humanos, al que está obligado el Estado español.

Diez meses después de la entrada en vigor de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, se sanciona la Instrucción 14/2005 de la Secretaría de Estado de

Seguridad sobre actuación de dependencias policiales en relación con mujeres extranjeras vícti- mas de violencia doméstica o de género en situación administrativa irregular. Los impactos adversos que la citada Instrucción plantea son incompatibles con el principio de no discrimina- ción y con la obligación del Estado de garantizar protección a las inmigrantes indocumentadas ante la violencia de género. Básicamente son incompatibles con el espíritu de justicia, aunque retórico, de la llamada Ley Integral.

Urge abolir la instrucción 14/2005 por la que una mujer sin papeles que sufre violencia de género no es advertida de sus derechos –como el de pedir un permiso provisorio de residencia que automáticamente la habilitaría para gozar de todas las ventajas de la Ley integral-. Esta instrucción omite este paso o no es lo suficientemente enfática en la obligación de su imple- mentación y criminaliza nuevamente a la inmigrante, pasando por alto la enunciación de sus derechos en el momento que la mujer realiza la denuncia.

A una mujer indocumentada molida a golpes no se le miran los golpes. Primero se le piden docu- mentos y, si estos no están en regla, se inician las denuncias correspondientes y hasta el trámite de deportación. La instrucción 14/2005 es el enemigo que echa por tierra el camino de justicia esbozado por la Ley integral. ¿O es la cortina que cubre la actitud de un estado hipócrita? Hasta que no se derogue, no podremos dar una respuesta.

Las mujeres inmigrantes indocumentadas, en muchas ocasiones, no tienen a sus familiares cerca, no cuentan con apoyos en una sociedad nueva para ellas y las instituciones, especialmente las policiales, que son percibidas con desconfianza y miedo. Todo esto hace que, aún a pesar de la Ley Integral, las mujeres no denuncien a sus agresores, poniendo en riesgo su salud física y mental, y muchas veces, hasta su propia vida.

El último caso documentado de una mujer asesinada por su pareja fue el de una mujer venezola- na de 43 años, muerta a puñaladas por su novio italiano. La mujer nunca puso una denuncia. Nunca sabremos si por miedo o por qué. El reglamento que llena de hipocresía la actitud del Esta- do español nos alarma y no nos permite saber qué sucede en realidad. Básicamente no ofrece soluciones en el plano real.

Una trabajadora social española relató a Amnistía Internacional de España en noviembre de 2005 lo siguiente: “Que las mujeres inmigrantes indocumentadas no tienen las mismas opor- tunidades que el resto de las víctimas de violencia de género es un hecho (…) Cuando tienes que informarles sobre recursos a los que no van a poder acceder por no tener permiso de residencia, te entra la duda de qué hacer: se lo dices, no se lo dices. Yo personalmente pre- fiero decirles que lo intenten, aunque lo tienen muy difícil”. Profesionales con trabajo direc- to con inmigrantes indocumentadas, han observado situaciones en que los propios agresores se encargan de infundir temor a sus víctimas en base a la amenaza de procedimientos de expulsión que la denuncia podría acarrearles: “los maridos les meten mucho miedo con eso. Les dicen que si denuncian van a ser sancionadas por su situación de irregularidad, van a ser expulsadas”. Además está la situación económica, ya que muchas de estas mujeres dependen económicamente de sus agresores y en tanto no se implementen ayudas económicas que contribuyan a que se emancipen se está complotando junto a los agresores. El Estado es cómplice.

El 21 de marzo de 2005, un responsable de atención del despacho de acogida de Cáritas realizó ante el Defensor del Pueblo una queja, relativa al trato policial recibido por una serie de mujeres inmigrantes indocumentadas que acudieron a denunciar violencia de género:“el funcionario de policía recoge la denuncia y entrega una copia de la misma a la víctima. A continuación, de manera inmediata, verificada su identidad y situación legal, le informa que dada su situación de irregularidad deberían ser detenidas, pero que en atención a la natura- leza del delito y a que no disponen de plaza, simplemente le entregan una citación oficial para el inicio del expediente de expulsión”. No se atendió la denuncia por violencia.

Esta queja motivó que el Defensor del Pueblo se pronunciara rechazando esta práctica policial sobre la base de las prioridades que debían guiar la actuación de los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Así, el Defensor de Pueblo remitió una recomendación a la Dirección General de la Policía, en la que, con carácter general, se instaba a dicho organismo a no incoar expediente de expulsión a los extranjeros. Es una actitud elogiable porque es justa y por- que matiza el concepto de hipocresía anteriormente enunciado.

Sigamos.

Por otra parte, el colectivo de mujeres inmigrantes indocumentadas tiene pocas alternativas de trabajo. Tres son los caminos por los que pueden optar: el cuidado a los ancianos, el ya citado tra- bajo doméstico y la prostitución, si es que a esto último se lo puede llamar un trabajo. En España es una actividad actualmente ejercida en forma casi exclusiva por inmigrantes. El 80 por ciento de las prostitutas son inmigrantes.

Según un anónimo feminista “La prostitución no es el oficio más viejo del mundo sino la forma de violencia más antigua”.

La prostitución no es una expresión de libertad sexual de la mujer, sino que tiene que ver casi siempre con la violencia, la marginación, la dificultad económica y la cultura sexista y patriar- cal. De acuerdo con estas tesis, la clave para enfrentar el problema pasa porque la sociedad recupere, aquí también, su capacidad de indignación ante esta forma de esclavitud que es la prostitución. La mayor parte de las prostitutas son mantenidas a través de la fuerza premedi- tada y el abuso físico pero, a menudo, éste es el resultado del abuso sexual y emocional previo, privaciones y desventajas económicas, marginalización, pérdida de identidad, manipulación y decepción.

La prostitución y tráfico de mujeres supone la existencia de una demanda de mujeres y menores, sobre todo niñas, para su utilización como objeto sexual.

Como otras formas de violencia contra la mujer, la explotación sexual de mujeres es un fenóme- no específico de género; la abrumadora mayoría de víctimas son mujeres y niñas, mientras que los consumidores, traficantes y proxenetas, son habitualmente hombres.

Si los hombres no considerasen como un derecho evidente la compra y explotación sexual de mujeres y menores, la prostitución y el tráfico no existirían.

Los países donde el progreso ha significado una mejora del estatus de la mujer y de las condicio- nes en que viven, es decir, en sociedades donde las mujeres y las niñas tienen garantizados dere-

chos políticos básicos, acceso a trabajos, educación y un nivel de vida aceptable, esto es, donde tienen más alternativas, son mucho menos vulnerables.

El tráfico de mujeres, como el de drogas o el mercado negro de bebés, depende de la demanda. Pero también de leyes que las favorecen: la Ley de Extranjería actual favorece la prostitución.

No existen prostitutas, existen mujeres en estado de prostitución.
La mayoría de los países se enfrentan a este fenómeno optando por uno de estos tres sistemas:

1. ABOLICIONISTA:elquereconocesuexistenciayluchaporsuerradicación. 2. PROHIBICIONISTA:elquelaprohíbeycastiga.
3. REGLAMENTISTA:elquetolerayreglamentalaactividad.

Hoy España se encuentra en medio de este debate: ya no se habla de prohibición. El péndulo va del abolicionismo a la reglamentación. “Las políticas en materia de prostitución y de inmigración ya no se pueden disociar» (LOUIS, Marie Victoire. Libres de no serlo Selección de artículos de Le Monde Diplomatique. Editorial Aún Creemos en los Sueños. 2004).

Personalmente, por todo lo que enuncié anteriormente, sostengo, por principios, una posición abolicionista. Sin embargo, hoy aquí en España el abolicionismo parecería querer ser utilizado por las autoridades de algunas comunidades como una cortina de humo para apurar la deportación de las inmigrantes indocumentadas que son las que ejercen este “trabajo”.

Hablar por boca de estas mujeres que por primera vez ejercieron la prostitución cuando se con- virtieron en inmigrantes, cuando nunca la ejercieron en sus países de origen, me parece por lo menos un atropello. Una respuesta al álgido tema de las mujeres en estado de prostitución debe incluir en el debate ineludiblemente, a las mujeres protagonistas. Nadie puede hablar por ellas ni tomar decisiones en su nombre. No es tiempo de mesianismos ni mucho menos de paternalismos.

El colectivo de mujeres prostitutas Hetaria, formado casi exclusivamente por inmigrantes, sostie- ne el derecho de la mujer a hacer uso de su cuerpo del modo en que ésta decida. Apoya la regu- larización de la prostitución como trabajo. Está en contra de la persecución y criminalización del cliente porque eso les quitaría ingresos, es decir, dinero para mantener a sus familias. Según una estadística de Hetaria las mujeres prostitutas son cabezas de familia y por lo menos tienen tres hijos de los que deben hacerse cargo. En su manifiesto dicen:

“Que se reconozca y respete la dignidad de las prostitutas y su capacidad de decidir, sin coaccio- nes, a qué quieren dedicarse y cómo o con quién quieren establecer acuerdos comerciales. Con- secuentemente, rechazamos el “hostigamiento” a los clientes que está llevando a cabo la Policía Municipal en Madrid, como parte del citado Plan contra la esclavitud sexual, ya que esa medida no sólo no reduce la demanda, sino que favorece los tratos rápidos y clandestinos con el consi- guiente empeoramiento de las condiciones de vida de las prostitutas.

– Que se negocien, teniendo en cuenta la voz de las propias prostitutas, espacios públicos donde puedan ejercer libremente la prostitución, en buenas condiciones de higiene, seguridad y tranquilidad. La calle, como paradigma del espacio público, es de todos y no de alguien en par- ticular. Por lo tanto su uso, si genera conflictos, debe ser consensuado.

– Que se persiga de manera fehaciente a las mafias que obligan y fuerzan a mujeres a prosti- tuirse y las explotan en régimen de esclavitud.

— Que se acabe ya con la hipocresía de las pomposas declaraciones públicas de rechazo – tema de estas prácticas inhumanas, internacionalmente organizadas y se pongan los medios, que los hay, para acabar con ellas, por encima de todo tipo de intereses creados”.

No puede enarbolarse el abolicionismo cuando detrás de él está el prohibicionismo y, nuevamen- te, la criminalización y la estigmatización de la mujer. La Comunidad de Madrid está proponien- do, por ejemplo, pagarles a las mujeres prostitutas inmigrantes ilegales un pasaje de vuelta a sus países de origen. Esto no atiende a la necesidad básica de estas mujeres que fueron expulsadas de sus países por motivos económicos. Es tirar la pelota afuera con mucha facilidad. Y la pelota está adentro. Hay que jugar con ella. Integrarla al campo.

Considero muy atendible la aproximación a este espinoso tema que realiza la “Línea de Investi- gación y Cooperación con las Inmigrantes Trabajadoras Sexuales de Barcelona”, el LICIT.

La asociación LICIT trabaja desde 2000 con estas mujeres para, sobre todo, conversar con ellas. La asociación es mixta, formada por trabajadoras del sexo y otras personas que no lo son. Su coordinadora, Isabel Holgado, explica que “las voces de las mujeres migrantes traba- jadoras del sexo están silenciadas. Todo el mundo opina sobre ellas y su actividad, y emiten juicios morales, pero nunca se las escucha. No son sujetos de discurso y, por lo tanto, tampo- co tienen derechos”. Para ella, “es muy importante escuchar y poner atención a los relatos de quienes se prostituyen y respetar las decisiones personales de quienes optan por ejercer la prostitución”.

Parece evidente, según el LICIT, que las opciones laborales de estas mujeres son más bien reduci- das y precarias, y muchas veces se limitan a la prostitución o al trabajo doméstico. “Las políticas europeas –asegura Holgado- han olvidado totalmente a la inmigración femenina y su crecimien- to: muchas veces su única opción es la vía clandestina y es cuando sus opciones laborales se reducen muchísimo”. Es entonces cuando, bajo situaciones de desigualdad y de discriminación estructural, las mujeres se ven obligadas a buscar nuevas estrategias de supervivencia para ellas y sus familias.

En el otro rincón están la mayoría de los colectivos femeninos, de prostitutas y sociólogas y psi- cólogas y políticas que promueven el abolicionismo. Sólo voy a citar un párrafo que me parece muy significativo del colectivo Alecrín de Vigo a través de un artículo llamado Metamachismo feminista firmado por Alicia Martínez:

“Las críticas por parte de los pocos y pocas que quieren legalizar la prostitución contra la ley abolicionista son, una vez más, las mismas de siempre: la naturaleza instintiva de los genitales masculinos y la voluntad de las mujeres prostituidas. Obviando que puestos a esgrimir como argumento la voluntad de las mujeres prostituidas, el grosso de ellas, a saber, algo así como la verdadera voluntad, sería la ofrecida en los informes de la ONU, que cifra la trata con fines de explotación sexual de mujeres y niñas en cuatro millones al año a nivel mundial, es decir, que la voluntad mayoritaria frente a la minoritaria sería la voluntad secuestrada o, lo que es lo mismo, la falta de voluntad. En realidad defender que la causa primera de la existencia de la prostitución es la voluntad de las mujeres prostituidas cons- tituye un cinismo tal, que valga para desmentir tal ignominia el peso de los argumentos y datos -que imagino deben ser considerados más relevantes que la moral del discurrir geni- tal- ofrecidos en la declaración del último Informe del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas de la Comisión de Derechos Humanos ( 62o Período de sesiones. 20 de Febrero de 2006): Integración de los Derechos Humanos de la Mujer y la Perspectiva de Género que establece el Protocolo para prevenir y reprimir y sancionar la trata de per- sonas. El documento es una evidentísima prueba del compromiso por excluir definitiva- mente del debate las consideraciones sobre prostitución voluntaria y por superar definitivamente los límites del debate general sobre las bondades y desventajas de la pros- titución; este compromiso se materializa en la unívoca definición de trata: “La mayor parte de la prostitución, tal y como se practica actualmente en el mundo, suele reunir los requisitos para que pueda ser considerada trata. Es raro dar con un caso en que los moti- vos que llevan a una persona a la prostitución, y las experiencias de esa persona dentro de la prostitución, no incluyan como mínimo un abuso de poder y/o un abuso de vulnerabilidad. En este contexto, poder y vulnerabilidad deben entenderse también desde la óptica de las dis- paridades basadas en el sexo, la raza, la etnia y la pobreza. Dicho de otra manera sencilla, el camino que lleva a la prostitución y a ese estilo de vida una vez que se ha caído en ella, rara- mente se caracterizan por el pleno ejercicio de derechos de las víctimas o la obtención de oportunidades adecuadas”

. El compromiso de las Naciones Unidas es meridiano; restaurar el Convenio para la represión de la trata de personas y de la explotación de la prostitución ajena de 1949 (punto no40), en donde al igual que en la actual declaración el consentimiento dado por la víctima de la trata de personas a toda forma de explotación intencional no se tendrá en cuenta.

El abolicionismo, más allá de la manipulación que se pretenda hacer de él, la consideración de la prostitución como un estado de mujeres precisamente en estado de prostitución, parece ser el camino más justo para abolir esta histórica expresión de violencia de género.

Para terminar querría enfatizar que la inmigración no es un problema, es una solución, y por lo tanto, atacarla con estigmas y exclusión puede convertirse en un boomerang que podría llevar a la extinción de las sociedades que promueven leyes las cuales parecen más bien querer generar clandestinos más que inmigrantes legales.

La inmigración es la que garantizará, entre otras cosas, el crecimiento demográfico de los países europeos, entre ellos, España, sin la cual su tasa de crecimiento sería negativa. Las proyecciones demográficas del Comité de Población de las Naciones Unidas revelaron que España debería aco- ger unos 240 mil inmigrantes anuales hasta el año 2050 para lograr mantener la población actual, garantizar el sistema de pensiones y conservar su fuerza de trabajo.

¡240 mil inmigrantes anuales! Esta cifra hoy está lejos de tocarse con la realidad. Ni siquiera el número de los llamados clandestinos alcanzaría a cubrirla.

Este es un dato ofrecido por un organismo insospechado –insospechado al menos de promover la inmigración clandestina- con el se podría intentar pensar en otras políticas que se traduz- can en otras leyes, donde la exclusión y la violencia no sean ni promovidas ni amparadas por las mismas.

Todas las ponencias en este enlace.

 

Bibliografía

  • – Documento público de Amnistía Internacional: Inmigrantes indocumentadas: ¿Hasta cuándo sin protección frente a la violencia de género?. Madrid, 2005.
  • – El problema de la violencia ejercida en el entorno familiar y la mujer inmigrante en situación irregular. Propuestas de cara a la redacción del Proyecto de Ley Integral de Violencia de Géne- ro. Red Acoge. 2005.
  • – Informe 2006, SOS Racismo. Barcelona, 2006.
  • – Manifiesto Hetaria, Madrid, 2006.
  • – Metamachismo feminista, Alicia Martínez. Biblioteca Alecrín, Vigo, 2006.
  • – Prostitución: Claves Básicas para reflexionar sobre un problema. APRAMP,Madrid, 2005.
  • – Mujeres migrantes de América Latina y el Caribe: derechos humanos, mitos y durasrealidades. CEPAL, Santiago de Chile, 2005.
  • – Mujeres migrantes prostitutas: la configuración de un autoconcepto. CarlosMerchante-Celi- na Ballester. Aposta. Revista de Ciencias Sociales, 2005.
  • – Falsedades sobre la prostitución. Lidia Falcón. Vindicación Feminista, 2005.
  • – Reglamentación 4/2005 Secretaria de Seguridad del Estado.
  • – Ley de Extranjería, BOE, 2005.
  • – Ley Integral, BOE, 2005.