Un allanamiento de madrugada, una investigación periodística de más de dos años y una condena sin antecedentes. Así salió a la luz lo que ocurría puertas adentro del Carmelo de Nogoyá.
A las 5:30 del 25 de agosto de 2016, en Nogoyá, Entre Ríos, la policía y funcionarios judiciales llegaron al convento de las Carmelitas Descalzas. Las autoridades del lugar mantuvieron las puertas cerradas y los agentes tuvieron que romper la de ingreso. El operativo lo dirigió el fiscal Federico Uriburu.
Adentro secuestraron cilicios, flagelos, una mordaza, una copia de las Constituciones de 1990, que rigen a las monjas, y un libro de actas. El fiscal habló de un allanamiento «con resultado positivo».
La orden no salió de un expediente: salió de una revista. Ese día circulaba la edición del semanario Análisis que revelaba el régimen de disciplina y autoflagelación del convento. La firmaba el periodista Daniel Enz, que había trabajado más de dos años, hecho más de sesenta entrevistas y viajado varias veces a Nogoyá. Todo empezó con un mail anónimo.
La nota hablaba de castigos permanentes, uso habitual del látigo y el cilicio, casos de desnutrición y una prohibición estricta de contar lo que pasaba. Decía también que el arzobispo de Paraná, Puiggari, que debía ejercer autoridad sobre el convento, no había hecho nada por revertir la situación.
El monasterio
El Monasterio de la Preciosísima Sangre y Nuestra Señora del Carmen funciona en Nogoyá desde 1991. Sus religiosas viven puertas adentro, con un contacto mínimo y regulado con el exterior, dedicadas a la oración y al trabajo manual. Lo fundaron siete hermanas llegadas de otro Carmelo. Cuando llegó la policía vivían allí dieciocho. La mayoría había ingresado a los 18 años; algunas, a los 16.
Luisa Toledo, de nombre religioso María Isabel de la Santísima Trinidad, era priora desde fines de 2006. Según el fiscal en el juicio, desde entonces el régimen dentro del Carmelo se volvió sistemático.
Silvia
Silvia Albarenque ingresó en 1999, a los 18 años, con la intención de consagrar su vida a Dios. Tomó el nombre de hermana María Teresa de la Eucaristía. Según la sentencia, desde 2007 y hasta su salida, la priora le negó con distintas excusas todos los pedidos, verbales y escritos, de irse. La obligaba a darse latigazos con la «disciplina» y a usar el cilicio, un cinturón de alambre con púas. Le imponía además la mordaza para cumplir el voto de silencio, y solo podía sacársela para comer. Los castigos podían incluir días o semanas encerrada en su celda a pan y agua.
Dentro del convento no había radio, diarios ni noticias. La priora controlaba la correspondencia y las visitas de la familia. Silvia contó que no supo nada de la crisis de 2001 hasta el día en que salió, en 2013. Salió porque su madre, María Luisa Rausch, la retiró con el permiso de Toledo, dado el delicado estado de salud de la joven. Tenía úlceras cicatrizadas en el estómago y una enfermedad crónica de tiroides sin tratar.
Tardó tres años en poder hablar. Lo hizo por fin en agosto de 2016, en una estación de servicio de María Grande: dos horas, mientras sus hermanos lloraban al escucharla.
Roxana
Roxana Peña, hermana Rosa de la Madre de Dios, había ayudado a fundar el convento. En 2015 pidió formalmente irse o trasladarse a otro monasterio. Toledo se negó una y otra vez a elevar el pedido al obispo. El 28 de marzo de 2016, tras meses de memorizar los movimientos de la priora y el manejo de las llaves, tomó la de una puerta que daba a un patio y salió por una de servicio. Llegó hasta la basílica del Carmen y le pidió ayuda al párroco. «Ella sí logró escapar», dijo Toledo en el juicio.
Lo que vino después
En septiembre de 2016 Toledo fue imputada y apartada de su función. La Justicia ordenó su alejamiento del monasterio y se trasladó a un Carmelo de Chaco. El Papa Francisco ordenó una investigación eclesiástica y en octubre de 2016 decretó la intervención del convento. La Conferencia Episcopal Argentina cuestionó en ese momento la forma en que se había hecho el allanamiento. La investigación judicial continuó.
El 5 de julio de 2019, el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguay condenó por unanimidad a Toledo a tres años de prisión efectiva. El delito fue privación ilegítima de la libertad doblemente calificada, por el uso de violencia y amenazas y por su duración superior a un mes, en dos casos. Las víctimas fueron Albarenque y Peña. La condena quedó firme en agosto de 2021, cuando el Superior Tribunal entrerriano rechazó el recurso extraordinario federal de la defensa. Fue la primera vez en el país que la superiora de un convento de clausura recibió prisión efectiva por delitos cometidos en ejercicio de su autoridad religiosa.
Diez años después
En marzo de 2026 Enz publicó Las torturas del convento: trescientas páginas, dieciocho capítulos. El 18 de septiembre se estrenó Cautiva, de TNT y Flow, con Carolina Kopelioff y Lorena Vega. Francisco Albarenque, hermano de Silvia, contó que los productores los invitaron a ver el rodaje de varias escenas. La investigación periodística está representada en la serie por un personaje de ficción, Martina Robles.
En el expediente no hay personajes. Hay nombres: Silvia Albarenque, Roxana Peña, Luisa Esther Toledo.
La serie de 6 capitulos puede verse completa en Flow y con novedades semanales en Max.


